La defensa de origen lícito de un vendedor en una controversia de marcas en China depende de lo que sabía, de la adquisición lícita y de un proveedor identificable. Una factura es solo una parte de esa evaluación. La defensa puede afectar a la responsabilidad indemnizatoria, pero no demuestra que los productos sean auténticos ni autoriza a seguir vendiéndolos. La tarea práctica consiste en conectar los productos cuestionados con una compra real y explicar qué sabía el vendedor y qué comprobó razonablemente.
Para los distribuidores, minoristas y asesores internacionales, los registros deben contar esa historia de forma coherente antes de que una denuncia, inspección o demanda ponga de manifiesto las lagunas.
Distinga la indemnización de la obligación de dejar de vender
El artículo 64.2 de la Ley de Marcas actualmente vigente se refiere a los vendedores que desconocían que los productos infringían derechos, pueden demostrar su adquisición lícita e identificar al proveedor. Los vendedores que cumplen los requisitos no asumen responsabilidad indemnizatoria conforme a esa disposición.
El artículo 60.2, relativo a la intervención administrativa, sigue exigiendo a esos vendedores que dejen de vender los productos infractores. Por tanto, esta defensa no constituye una declaración de inexistencia de infracción ni un permiso para vender las existencias restantes. Su aplicación tampoco resuelve cualquier otra reclamación o conducta alegada.
Identifique primero la alegación, los productos y el procedimiento. La respuesta a una autoridad, la defensa frente a una reclamación civil de indemnización y el procedimiento de denuncia de una plataforma tienen requisitos diferentes. No suponga que un documento del proveedor resuelve los tres.
Vincule los registros de compra con los productos concretos
El artículo 79 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Marcas identifica varias vías para demostrar la adquisición lícita a efectos del artículo 60. Incluyen listas de suministro y recibos de pago debidamente firmados o sellados por el proveedor, cuya autenticidad se haya verificado o que el proveedor reconozca; contratos de compra cuya ejecución real se haya verificado; facturas de compra legalmente válidas cuyos datos correspondan a los productos afectados; y otras pruebas de adquisición lícita.
Estas condiciones importan. Un contrato firmado no demuestra por sí solo la entrega o la ejecución. Una factura relativa a una categoría amplia de productos puede necesitar registros que la conecten con el modelo, lote o cantidad cuestionados. Las vías enumeradas son alternativas, no una obligación de presentar todos los tipos de documentos en cada caso.
Conserve conjuntamente los pedidos, pagos y registros de entrega y recepción. Explique las diferencias entre la parte contratante, el destinatario del pago y el remitente del envío, en lugar de tratarlos sin explicación como una misma entidad. El artículo 79 regula la prueba en el ámbito administrativo; no debe presentarse como una lista que se acepta automáticamente en un procedimiento civil.
Identifique a un proveedor que pueda comprobarse
El artículo 28 de los Criterios de la CNIPA para Determinar la Infracción de Marcas explica la identificación del proveedor en la aplicación administrativa: aportar de forma proactiva información o indicios precisos, incluidos su nombre, dirección comercial y datos de contacto. La información falsa o no verificable que impida localizar al proveedor no cumple el requisito.
El nombre de usuario de una tienda o la afirmación «lo compré por internet» pueden dejar sin aclarar el origen. Conserve el perfil del vendedor, los registros de la transacción y las comunicaciones que conecten esa cuenta con el proveedor. Identifique las lagunas con honestidad; no invente una dirección comercial ni obtenga documentos antedatados para cubrirlas.
Una factura de una fase anterior de la cadena de suministro a nombre de otra persona también necesita una conexión explicada con su propia adquisición. La cuestión no es cuántos documentos se reúnen, sino si acreditan la relación de suministro y los productos pertinentes.
Aborde por separado el conocimiento y la diligencia razonable
El artículo 27 de los criterios administrativos identifica circunstancias incompatibles con el desconocimiento. Incluyen comprar por canales contrarios a las prácticas comerciales y a precios manifiestamente inferiores a los de mercado; negarse a aportar registros contables o falsearlos; trasladar o destruir pruebas materiales después del incidente; aportar pruebas o información falsas; y reincidir tras la tramitación de infracciones similares. También importan otros hechos que indiquen conocimiento efectivo o que el vendedor debiera haber conocido la infracción. El precio bajo, por sí solo, no debe sustituir esa primera circunstancia conjunta.
La prueba civil requiere su propia evaluación. El informe anual de 2023 del Tribunal Popular Supremo, apartados 20 y 21, examina conjuntamente los requisitos objetivos de adquisición y los subjetivos relativos al conocimiento de los vendedores de productos con marcas. Las pruebas acordes con el deber de diligencia razonable pueden sustentar una presunción de desconocimiento; la escala del negocio, la especialización y las prácticas de las transacciones influyen en esa evaluación. Estos resúmenes judiciales civiles deben distinguirse de los criterios administrativos de la CNIPA.
El informe también exige una evaluación del caso concreto de las reclamaciones de gastos razonables de defensa de derechos en litigios promovidos en serie. No suponga que una defensa de origen lícito estimada elimina todos los gastos reclamados, ni que todos deban pagarse.
Prepare cinco grupos de registros conectados
Esta es una lista práctica de preparación, no una relación universal de documentos obligatorios ni una garantía de que prospere la defensa:
Productos y alcance: el anuncio cuestionado, el modelo, el embalaje, el lote u otros identificadores disponibles, vinculados con la compra y el período de ventas pertinentes.
Identidad del proveedor: la denominación legal, dirección y datos de contacto conocidos del proveedor directo, y los registros que conecten cualquier cuenta de plataforma o nombre comercial con él.
Adquisición real: el contrato, pedido, lista del proveedor, factura y pruebas de pago aplicables, respaldados por registros de entrega o recepción cuando estén disponibles.
Conocimiento y comprobaciones: comunicaciones contemporáneas con el proveedor, comprobaciones pertinentes, contexto del precio, explicaciones de condiciones inusuales y cualquier advertencia o decisión previa sobre el asunto.
Cronología y conservación: fechas de compra, recepción, venta y notificación; información sobre las existencias restantes; originales y un conjunto separado de copias de trabajo. Señale claramente las lagunas y las conexiones inciertas.
Mantenga las explicaciones posteriores separadas de los registros originales. Un resumen retrospectivo puede organizar las pruebas, pero no debe hacer que un documento creado después parezca contemporáneo.
Revise la notificación y la vía jurídica aplicable
Si recibe una reclamación, conserve su contenido y fecha de recepción, identifique cualquier plazo de respuesta y revise los productos cuestionados antes de suponer que puede seguir vendiéndolos. Invocar una defensa no deja sin efecto una orden de cese de ventas. El reembolso por parte del proveedor o las acciones contractuales son cuestiones distintas que requieren revisión.
Para una consulta sobre defensa de la propiedad intelectual en China, empiece con los nombres de las partes que no sean confidenciales, su función, el número de marca china conocido, enlaces públicos a los productos, el problema, el presupuesto y el plazo previsto. Los despachos que coordinen asuntos de clientes pueden utilizar el canal para corresponsales extranjeros. Complete las comprobaciones de conflictos de intereses y acuerde la confidencialidad y un método seguro de transferencia antes de compartir registros de compras o expedientes confidenciales. El contacto inicial no constituye un dictamen jurídico formal.
Fuentes oficiales verificadas el 9 de noviembre de 2026. Esta guía utiliza la legislación actualmente vigente. La Ley de Marcas revisada en 2026 entra en vigor el 1 de enero de 2027; los asuntos posteriores requieren comprobar de nuevo la legislación aplicable y las reglas de transición. Este contenido es información general, no una promesa de exención, continuidad de las ventas o recuperación económica.
